Puerto Rico atraviesa una crisis de salud mental profunda, alimentada por años de pobreza estructural, desplazamiento poblacional, violencia comunitaria, desastres naturales y una falta crónica de acceso a servicios psicológicos. A esto se suma el aumento de feminicidios y la violencia doméstica, que agudizan aún más el deterioro emocional en muchas comunidades.

En este contexto, los psicólogos y psicólogas con maestría han estado presentes. Han trabajado en refugios, escuelas, centros de salud primaria, residenciales públicos, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales. Han liderado intervenciones en crisis, facilitado grupos de apoyo, ofrecido terapia individual, y diseñado programas de prevención y bienestar emocional. En muchos casos, han sido el único recurso disponible para enfrentar ansiedad, violencia y abandono.

Por eso preocupa profundamente el Proyecto de la Cámara 77, que propone eliminar la posibilidad de que profesionales con grado de maestría puedan obtener la licencia de psicólogo. Esta medida, lejos de atender los problemas estructurales del sistema de salud mental, amenaza con desmantelar servicios esenciales y aumentar la desigualdad en el acceso a apoyo psicológico.

Según datos del Departamento de Salud (2023), de los 1,278 psicólogos con licencia activa en Puerto Rico, 827 tienen una maestría. Esto significa que el 65% de los servicios psicológicos actualmente disponibles en la isla son ofrecidos por profesionales con esta preparación. Imponer el requisito de un doctorado para ejercer tendría un efecto inmediato: menos profesionales disponibles, más listas de espera y comunidades aún más desatendidas.

No existe evidencia empírica que justifique esta exclusión. Investigaciones como las de Wampold (2001) y Duncan et al. (2010) indican que la efectividad terapéutica está determinada por factores como el vínculo terapéutico, la ética, la sensibilidad cultural y la experiencia supervisada, más que por el nivel académico. En Puerto Rico, los programas de maestría en consejería psicológica exigen entre 800 y 1,000 horas de práctica supervisada, garantizando una formación rigurosa y ética.

Además, en un país donde cerca del 40% de la población vive bajo el nivel de pobreza, exigir un doctorado crea una barrera económica adicional que limita el acceso a la profesión y reduce la diversidad dentro del campo. Esta medida afectaría tanto a los futuros profesionales como a las miles de personas que ya reciben servicios esenciales de parte de psicólogos con maestría.

La ley actual reconoce distintas áreas de práctica profesional. Restringir la licencia solo a quienes posean un doctorado no solo elimina esa diversidad, sino que impone un modelo único que desconoce la amplitud de contextos donde la psicología aporta al bienestar colectivo.

Puerto Rico necesita fortalecer, no debilitar, su sistema de salud mental. Excluir a quienes han sido parte activa de la respuesta durante las crisis recientes es una decisión que el país no se puede permitir. En un momento en que muchos profesionales de la salud mental emigran en busca de mejores salarios y condiciones laborales, restringir aún más la licencia solo empeora la escasez de servicios. En lugar de atender el problema de acceso, este proyecto de ley lo profundiza. Es una propuesta que va en contra del bienestar colectivo, una iniciativa para empeorar en vez de mejorar.